Informa El Diario que
el Tribunal Constitucional ha
declarado inconstitucionaldos disposiciones que fueron
incluidas en los
Presupuestos Generales del Estado de 2017 que impedían la consideración de
"empleados públicos" a los trabajadores de
servicios privatizados que fueran reconvertidos en públicos, y de
sociedades
mercantiles públicas que se integraran en la Administración, al estimar
un recurso de Unidos Podemos en su argumento de que tratan de
cuestiones ajenas a materia presupuestaria. Estos artículos, ahora
anulados, se interpretaban como un intento de disuadir a las
instituciones de revertir servicios privatizados
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