[Arauz/Agrupación TTPs] Carta al Vicepresidente de la Comisión Europea Valdis Dombrovskis y a los comisarios de Economía y Asuntos sociales [ El "Recovery and Resilience Facility Plan" presentado por el Gobierno español a la Comisión Europea el 30 de abril de 2021, en relación con la exigida reducción de la temporalidad en el Sector Público, "es un engaño más"," entraña un incumplimiento de la Directiva 1999/70/CE y de su Acuerdo marco"]

'En el Recovery and Resilience Facility Plan (RRF), presentado por el Gobierno de España a la Comisión Europea el 30 de abril de 2021, en relación con la exigida reducción de la temporalidad en el Sector Público al menos al 8%, se informa por parte de la representación española a esa Comisión que va a ampliar los procesos de estabilización con las plazas temporales más de 3 años, a 31 de enero de 2020 y que deberán publicarse todas las convocatorias de las Ofertas Públicas de Estabilización antes del día 31 de diciembre de 2021, teniendo que finalizar antes de 31 de diciembre de 2024.

Debemos informar a esa Comisión que, en este punto, el Plan de Reforma (RRF), presentado por el Gobierno de España es un engaño más, en cuanto a que entraña un incumplimiento de la Directiva 1999/70/CE y de su Acuerdo marco.

PRIMERO.- En primer lugar, porque esta propuesta es la misma que la que se formalizó en el año 2017, esto es, hace ya más de 3 años, cuyos resultados han sido nulos, en cuanto que las Administraciones Públicas siguen abusando de la contratación temporal de sus empleados, que se ha incrementado en los últimos años hasta los aproximadamente 900.000 trabajadores públicos en abuso y, ahora, se pretende mantener esta situación otros tres años más, hasta 31 de diciembre de 2024, perpetuando estas situaciones de abuso.

SEGUNDO.- En segundo lugar, que la solución propuesta para reducir la temporalidad al 8% consistente en la convocatoria de procesos de estabilización abiertos, en los que pueden participar no solo las víctimas de abuso, sino también el resto de los ciudadanos, no se ajusta a la Directiva 1999/70.

En efecto, la sentencia del TJUE de 19 de marzo de 2020, asunto C-103/2018, en sus apartados 97 a 101, declara tajantemente que la organización de procesos selectivos, se llamen de estabilización, de consolidación o como quiera, en cuanto a procesos abiertos, no son una medida sancionadora que garantice el cumplimiento de los objetivos de la Cláusula 5 del Acuerdo marco, razonando el TJUE en esta sentencia lo que sigue:

97           En estas circunstancias, una normativa nacional que prevé la organización de procesos selectivos que tienen por objeto cubrir de manera definitiva las plazas ocupadas provisionalmente por empleados públicos con una relación de servicio de duración determinada, así como los plazos concretos a tal fin, pero que no garantiza que esos procesos se organicen efectivamente, no resulta adecuada para prevenir la utilización abusiva, por parte del empleador de que se trate, de sucesivas relaciones de servicio de duración determinada. La antedicha normativa tampoco resulta adecuada para sancionar debidamente la utilización abusiva de tales relaciones de servicio ni para eliminar las consecuencias de la infracción del Derecho de la Unión, ya que, como han indicado los juzgados remitentes, su aplicación no tendría ningún efecto negativo para ese empleador.

98           Por consiguiente, sin perjuicio de la comprobación que deben realizar los juzgados remitentes, tal normativa no parece constituir una medida suficientemente efectiva y disuasoria para garantizar la plena eficacia de las normas adoptadas en aplicación del Acuerdo Marco, conforme a la jurisprudencia recordada en el apartado 86 de la presente sentencia, ni, por tanto, una «medida legal equivalente» en el sentido de la cláusula 5 del Acuerdo Marco.

100   A mayor abundamiento, por lo que respecta al hecho de que la organización de procesos selectivos ofrece a los empleados públicos que hayan sido nombrados de manera abusiva en el marco de sucesivas relaciones de servicio de duración determinada la oportunidad de intentar acceder a la estabilidad en el empleo, ya que, en principio, pueden participar en dichos procesos, este hecho no exime a los Estados miembros del cumplimiento de la obligación de establecer una medida adecuada para sancionar debidamente la utilización abusiva de sucesivos contratos y relaciones laborales de duración determinada. En efecto, como señaló, en esencia, la Abogada General en el punto  68 de sus conclusiones, tales procesos, cuyo resultado es además incierto, también están abiertos a los candidatos que no han sido víctimas de tal abuso.

101    Por consiguiente, dado que la organización de estos procesos es independiente de cualquier consideración relativa al carácter abusivo de la utilización de relaciones de servicio de duración determinada, no resulta adecuada para sancionar debidamente la utilización abusiva de tales relaciones de servicio ni para eliminar las consecuencias de la infracción del Derecho de la Unión. Por tanto, no parece que permita alcanzar la finalidad perseguida por la cláusula 5 del Acuerdo Marco (véase, por analogía, la sentencia de 21 de noviembre de 2018, De Diego Porras, C‑619/17, EU:C:2018:936, apartados 94 y 95).

Sin embargo, incumpliendo radicalmente la Cláusula 5 del Acuerdo marco anexo a la Directiva 1999/70/CE y la jurisprudencia del TJUE, en particular lo dictaminado en su sentencia de 19 de marzo de 2020, el Gobierno de España en su Recovery and Resilience Facility Plan (RRF), declara que para dar cumplimiento a la Cláusula 5 del Acuerdo marco va a proceder a la convocatoria y ampliación de los procesos selectivos de estabilización que, además de inciertos, también están abiertos a los candidatos que no han sido víctimas de tal abuso, por lo que si bien ésta puede ser una medida para prevenir abusos futuros, no resulta adecuada para sancionar debidamente la utilización abusiva de tales relaciones de servicio ni para eliminar las consecuencias de la infracción del Derecho de la Unión, ya que su aplicación no tendría ningún efecto negativo para ese empleador.

 

TERCERO.- Al no ser los procesos selectivos una medida sancionadora acorde con la Directiva, de tal forma que su convocatoria no libera al Estado miembro de fijar una sanción disuasoria para garantizar el cumplimiento de los objetivos de esta Norma comunitaria, y compensar a las víctimas de estos comportamientos abusivos, es evidente -y se lo oculta el Gobierno de España- que las Administraciones públicas españolas tendrán que indemnizar, con una indemnización disuasoria, a los empleados públicos víctimas de un abuso que sean cesados a través de estos procesos selectivos.

Pues bien, calculando prudentemente estas indemnizaciones en función de lo que, para el sector privado, establecen los arts. 49 y siguientes del Estatuto de los Trabajadores -indemnizaciones estas que no son disuasorias, sino compensatorias-, resultaría una media indemnizatoria de 40.000€ para cada empleado público temporal cesado.

Teniendo en cuenta que en España, aproximadamente, hay unos 900.000 empleados públicos temporales en el Sector Público, multiplicando esta cifra por la media de 40.000€, el coste que tendría para las arcas públicas el pago de estas indemnizaciones sería, como mínimo, de 36.000.000.000,00€.

El pago de esta cantidad es inviable, pues arruinaría a las Administraciones públicas españolas imposibilitando la devolución de su deuda.

Por el contrario, la estabilización de este personal, transformando a los empleados públicos víctimas de un abuso en empleados públicos fijos o equivalentes a los fijos, sujetos a las mismas causas de cese, tendría un coste cero para la Hacienda Pública del Gobierno de España, permitiendo destinar los fondos y recursos económicos a atender las necesidades más imperiosas de los ciudadanos.

Por todo ello, interesamos que proceda a rechazar el RRF, propuesto por el Gobierno de España en este punto. '

 

Fuente: Carta del abogado Javier Araúz de Robles y  de la Agrupación Trabajadores Temporales Públicos [TTPs] enviada este 07/05/2021 al Vicepresidente de la Comisión Europea de "Una economía que trabaja para la gente", Valdis Dombrovskis y a los comisarios de la Comisión Europea de Economía, Paolo Gentiloni y de  Asuntos Sociales,Nicolas  Schmit , recibida en APISCAM

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