[EPA] La Asociación Nacional de Empleados Públicos en Abuso y Lobby europeo, ante la "flagrante dejación de funciones e inacción por parte del organismo encargado de velar y hacer cumplir las Directivas Europeas" de la Comisión Europea, recurre a la figura del OMBUDSMAN para "denunciar, por un lado, la inacción de la Comisión Europea, y por otro, la apertura de un proceso disciplinario contra Adam Pokorny"

'Paralelamente a las acciones iniciadas ante la Comisión Europea, debido a la demora en la que lleva incurriendo esta institución para dar respuesta a la denuncia múltiple sobre el abuso en la temporalidad en España, en fecha 26 de julio de 2021, de conformidad con el derecho de petición recogido en el artículo 227 del TFUE, la Asociación Nacional de Empleados Públicos en Abuso y Lobby europeo - EPA presentó, a través del bufete de Abogados Navas&Cusí, una Petición a la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo, poniendo en su conocimiento las infracciones cometidas por el Reino de España, y que se expusieron de la misma forma a la Comisión Europea. Además, el contenido de esta petición fue ampliado en fecha 06 de septiembre de 2021, por medio de la presentación de un escrito en el cual se amplió el objeto de la petición, advirtiendo que la Ley 20/21 sigue vulnerando flagrantemente el cumplimiento de la Directiva 1999/70. Ambas peticiones fueron aprobadas por la Comisión de Peticiones del Parlamento.

Europeo que ha instado a la CE a abrir una investigación y solicitando al presidente de esta institución que emita un dictamen motivado pronunciándose sobre el incumplimiento de la Directiva 1999/70/CE por parte del Reino de España.

Advertir que la Comisión Europea tiene abierta una queja colectiva bajo número CHAP (2013) 01917 la cual fue presentada inicialmente en el año 2013. Desgraciadamente, hasta el día de hoy, es decir después de casi 10 años desde el inicio del procedimiento, la Comisión Europea ni ha advertido ni ha demandado al Reino de España ante el Tribunal de la Unión Europea por infracción de la Directiva mencionada, aunque sigue manteniendo abierta dicha queja colectiva.

Paradójicamente, desde 2013 hasta el día de hoy la Comisión Europea sigue simplemente enviándonos cartas para informarnos sobre la continuación de la investigación sin darnos justificación alguna de la razón por la que, después de casi 20 años desde la entrada en vigor de la Directiva 1999/70/CE y después de 10 años desde la interposición de dicha queja colectiva, aún no ha actuado como debería para impedir la continuación perpetua de una infracción tal larga en el tiempo y tan grave en cuanto a sus efectos del derecho europeo por el Reino de España. A la gravedad de esta situación, se suma el que, desde la publicación de la Ley 20/21, las respuestas del presidente de la Comisión Europea, Adam Pokorny, inciden en la misma respuesta tipo: “La Comisión está analizando las últimas modificaciones introducidas en la legislación española y seguirá de cerca los futuros procesos legislativos con el fin de evaluar la conformidad de la normativa resultante con la Directiva 1999/70/CE del Consejo y la correspondiente jurisprudencia del TJUE.”

Ante tan flagrante dejación de funciones e inacción por parte del organismo encargado de velar y hacer cumplir las Directivas Europeas, nos hemos visto en la necesidad de recurrir a la figura del OMBUDSMAN para denunciar, por un lado, la inacción de la Comisión Europea, y por otro, la apertura de un proceso disciplinario contra el Comisario Adam Pokorny.

¿Agentes que han participado de mantener esta situación de ilegalidad en el abuso de temporalidad?

La aplicación de las Directivas europeas no contempla un modo único de llevarse a cabo, lo que sí tiene que respetar, sea cual sea la vía que aplique cada Estado miembro, es el EFECTO ÚTIL de dicha directiva.

En España, no sólo encontramos una situación enquistada de uso y abuso de los contratos temporales en el sector público, sino que de esta situación participan las organizaciones y organismos que deberían de velar y defender los derechos de los trabajadores.

Así, los llamados agentes sociales, han decidido mantener un pulso con los trabajadores en abuso en lugar de defender sus derechos. Es posible que todo este desatino tenga explicación en la estructura extendida por todo el territorio, en base a las academias de oposiciones:

• Los sindicatos mayoritarios en España, reciben cuantiosas subvenciones estatales, nunca mermadas ni condicionadas a la transparencia y buena praxis de dichos sindicatos, que acumulan demandas judiciales por diversos delitos. 
  
  
• Estos sindicatos, que reciben subvenciones estatales, también perciben las cuotas de sus afiliados. Cuotas que son inalienables en caso de tener que responder económicamente ante un delito. Lo cual lleva directamente a suponer que las penas económicas podrían ser satisfechas con cargo a “otros ingresos”. Las mismas organizaciones sindicales que cuentan con una amplia red de academias de oposición, son quienes negocian con los diferentes gobiernos autonómicos y central, las plazas que han de salir a oposición.
  
  
• Con dinero del Estado, dinero público, se ofrecen becas a los opositores para que preparen su examen de oposición en las academias correspondientes. Recordemos la red de academias de oposiciones de los sindicatos, etc..
  
  
• Cómo se cuentan innumerables denuncias de fraude en las oposiciones a lo largo y ancho del territorio español, pero se sigue manteniendo un sistema obsoleto en el resto de países y que demuestra su ineficacia, penalizando además la experiencia y los méritos profesionales.
  

Los mismos agentes sociales estuvieron redactando el Acuerdo Marco (CES, UNICE) y curiosamente aquí en España se niegan a ejecutarlo con nuestro colectivo debido a las pérdidas económicas que les supondría a los mismos. Tampoco se actúa de la misma manera con empleados públicos en abuso que con los de las empresas subrogadas a la pública, los cuales se quedan como FIJOS en la administración sin pasar un proceso selectivo en la misma con los principios de IGUALDAD, MÉRITO Y CAPACIDAD.

¿Cómo es posible que salga a la luz el cobro en B por parte de jueces, fiscales, que preparan a opositores a jueces y no pase nada?

¿Qué Estado de Derecho puede permitirse denominarse de tal modo, cuando impone sentencias vejatorias, insultantes, despectivas, a trabajadores abusados, ensañándose con costas inasumibles y disuasorias, que dificultan gravemente, cuando no imposibilitan, el derecho de defenderse de un abuso?

¿Cómo un Estado Democrático, que esgrime la Constitución como un pilar fundamental y la vulnera y manipula contantemente en base a intereses arbitrarios?

¿Cómo se puede defender el ser Europeístas, cuando se hace oídos sordos a las directivas de obligado cumplimiento para todos los Estados Miembros, tanto por parte de los políticos como de una gran parte de la judicatura?

¿Con qué legitimidad puede el Sr. Pedro Sánchez aspirar a la Presidencia de la UE cuando España vulnera de forma reiterada un gran número de Directivas Europeas?

Todas preguntas muy incómodas y de difícil respuesta en España, pero inasumible por ciudadanos Europeos, que organismos como la Comisión Europea miren a otro lado y sigan respondiendo mes tras mes, año tras año.... “La Comisión está analizando..........” 

 

EPA ha nacido como un sindicato europeo, con visión europeísta y feminista, para defender los derechos de los trabajadores desde el epicentro de Europa: Bruselas. La LEY no se negocia, ¡SE CUMPLE! Y EPA no está para negociar por “parcelas” según convenga a unos u otros, sino para defender TODOS los derechos de TODOS los trabajadores en base al cumplimiento de las Directivas Europeas.'

Fuente: Nota de prensa de la  Asociación Nacional y Lobby europeo EPA (Empleados Públicos en Abuso) de 10/10/2022 recibida en APISCAM

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