[El País] 'Archivada la querella por la privatización sanitaria en Madrid'

'La Audiencia Provincial de Madrid ha acordado el sobreseimiento provisional de la querella que la asociación de médicos AFEM, una de las más activas en la marea blanca contra la privatización sanitaria, presentó el año pasado por supuestos delitos de cohecho, prevaricación y malversación en el proceso de privatización de la gestión hospitalaria en Madrid. La Sección Segunda de la Audiencia considera que no está debidamente justificada la perpetración de los delitos que dieron motivo a la causa, aunque precisa que si apareciesen nuevos indicios se podría acordar la reapertura del procedimiento. 

El juzgado de Instrucción número 4 de Madrid admitó a trámite la querella presentada por AFEM y empezó  a investigar el año pasado el proceso de privatización de la gestión hospitalaria que inició el Gobierno regional tras la llegada de Esperanza Aguirre a la presidencia en 2003. Entre otras cosas, su titular, Marcelino Sexmero, solicitó una larga lista de información de tipo económico, mercantil, de facturación y administrativa. Sexmero llegó a citar a declarar como imputadas a nueve personas: dos exconsejeros de Sanidad (Juan José Güemes y Manuel Lamela) y dos altos cargos (Patricia Flores y Antonio Burgueño), y cinco representantes de las empresas que supuestamente se beneficiaron de las decisiones políticas.

Los magistrados de la Audiencia estiman ahora parcialmente el recurso de apelación interpuesto por Juan José Güemes, ASISA, UNILABS, Patricia Flores y Antonio Burgueño, al que se había adherido el Ministerio Fiscal, Capio Sanidad, Juan Antonio Álvaro de la Parra y Manuel Lamela contra el auto que el 20 de junio de 2013 incoó el Juzgado de Instrucción nº 4 de Madrid tras la querella criminal presentada por AFEM.

La Audiencia Provincial de Madrid considera que "la querella contiene una mezcolanza de hechos que nada tienen que ver con la causa que ha dado origen a la misma, que es el cambio del sistema de gestión de los mencionados hospitales, por lo que difícilmente puede pedirse a un tribunal penal que se pronuncie sobre manifestaciones que en realidad no son sino discrepancias con criterios políticos o incluso administrativos en cuanto a la gestión de la sanidad de la Comunidad de Madrid, pero que difícilmente puede entenderse que revistan naturaleza jurídico penal, porque en todo caso y hasta el momento, se circunscriben al ámbito político-administrativo".'

Fuente:;El País 04/11/2014

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