'Este martes, 21 de diciembre, a las 10:30 horas, los cinco sindicatos de la Mesa Sectorial de Sanidad Pública de la Comunidad de Madrid hemos presentado un escrito en la Oficina del Defensor del Pueblo con el que hemos pedido amparo ante un problema muy grave: la precariedad y la inestabilidad de los profesionales contratados para reforzar los hospitales, los centros de atención primaria y el SUMMA 112 durante la pandemia.
«Nos dirigimos a esta Institución con el objetivo de poner en conocimiento de la misma, la situación de precariedad e inestabilidad que se está produciendo respecto a los profesionales que en la actualidad ostentan los denominados contratos COVID-19«, se puede leer en el escrito que hemos registrado.
Los sindicatos hemos alertado al Defensor del Pueblo de la trampa que se vive con estos contratos Covid: «La mayoría de estos profesionales no han sido de reciente incorporación a través de dichos nombramientos sino que son personal que vienen encadenando nombramientos y contrataciones temporales para el Servicio Madrileño de Salud desde hace mucho tiempo, teniendo en su mayoría una ingente cantidad de nombramientos temporales y en consecuencia una extensa y dilatada prestación de servicios para el SERMAS».
Se tratan de profesionales que son un «recursos imprescindible e indispensable para la actualidad sanitaria en la que nos vemos inmersos» como son las listas de espera, las olas y brotes sucesivos, el cierre de los servicios de urgencias de Atención Primaria, afectación en la salud de los profesionales sanitarios que ha provocado infinidad de situaciones de incapacidad, fallecimientos de profesionales, etc.
«Nos preocupa como organizaciones sindicales de Sanidad en particular y como miembros de la sociedad madrileña en general, el escenario que para el presente y futuro más inmediato se nos presenta ante dicha falta de personal, aun cuando es conocido la evidente necesidad de tener un sistema sanitario fuerte y con recursos suficientes, cuestión que ha quedado sobradamente demostrada a raíz de la presente emergencia sanitaria mundial sin precedentes», hemos señalado al Defensor del Pueblo.
El documento, en definitiva, contiene datos y argumentos suficientes que alertan a esta institución de que la ausencia de más de 11000 profesionales, si no les renuevan y reconvierten sus contratos en estructurales, dificultará la asistencia sanitaria, que a día de hoy, e incluso con ellos, es claramente mejorable. Un escrito en el que se hace hincapié en que también repercutirá en los profesionales que permanecerán en sus puestos y que por tanto verán incrementada de manera inexorable su carga y presión asistencial.'
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