'El Pleno del Consell ha aprobado el decreto que regula los efectos en
materia de personal de la extinción del concierto para la realización de
técnicas de radiodiagnóstico por imagen mediante equipos de resonancia
magnética. La vuelta del servicio a la gestión pública directa se
producirá el 15 de diciembre.
A partir de esa fecha, el
servicio se reintegrará a la Administración como prestación directa del
sistema público de salud valenciano, con equipos de alta tecnología de
titularidad y gestión pública.
En concreto, la Conselleria de
Sanidad Universal y Salud Pública subrogará a 113 trabajadores de
Erescanner Salud, empresa contratista que presta el servicio hasta el 14
de diciembre. De este modo, los empleados y empleadas seguirán en sus
puestos de trabajo como personal laboral a extinguir. El coste anual
estimado de la totalidad de puestos asciende a 5.407.482,13 euros.
En virtud de este plan, la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública recibe del Ministerio un total de 81 millones de euros para la incorporación de equipos de alta tecnología de diagnóstico y tratamiento de patologías de alta prevalencia con el fin último de optimizar la calidad de la asistencia, abundar en la equidad y mejorar el acceso a los servicios de salud de toda la ciudadanía.'
Fuente: Nota de Prensa de la Generalitat Valenciana de 10/12/2021
Resaltados en negrita cursiva nuestros
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3 comentarios:
La misma línea debería seguirse con las plazas ocupadas por personal en abuso de temporalidad, es decir, IGUALMENTE PERSONAL FIJO A EXTINGUIR.
En vez de seguir irresponsablemente con los procesos selectivos actuales, procede que la Administración valenciana muestre qué plazas cumplen los requisitos para poder acogerse al concurso de méritos de la inminente Ley para la reducción de la temporalidad.
Otra cosa solo tiene un nombre: MALA FE.
Lo mismo digo para la Junta de Andalucía. Y también para los interinos longevos que salieron sus plazas en "estabilización".
Sin embargo, en la Comunidad Valenciana (con el mismo "color político" en su gobierno que el del Gobierno de España), siguen publicando listados de admitidos a los "concursos-oposición" convocados en su día. No tiene ningún sentido. ¿Por qué no se molestan en averiguar qué plazas deberían sacarse a concurso de méritos y actuar ya en consecuencia? ¿Qué interés hay en hacer justo lo contrario? ¿Es esto jurídicamente admisible?
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