jueves, 24 de febrero de 2022

[Min. Hacienda y Función Pública] 'I Reunión de Coordinación de Empresas y Entidades del Sector Público Estatal Montero reúne a las empresas y a las entidades del sector público para organizar las ofertas de empleo, desarrollar la reforma laboral y la ley para la reducción de la temporalidad. El objetivo es que antes del 1 de junio se hayan publicado las ofertas de estabilización y que antes del 31 de diciembre se hayan dado a conocer las convocatorias de los procesos selectivos'.

'La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha presidido este miércoles la I Reunión de Coordinación de Empresas y Entidades del Sector Público, en la que también han participado la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, María José Gualda; la secretaria de Estado de Función Pública, Lidia Sánchez; la subsecretaria del Ministerio, Pilar Paneque; y la presidenta del grupo SEPI, Belén Gualda. Asimismo, han estado presentes los subsecretarios y subsecretarias de los ministerios, que son los encargados de la coordinación de las sociedades mercantiles que no pertenecen al Grupo SEPI o a Patrimonio.

En este encuentro, el primero de estas características que se celebra en España y que ha tenido lugar en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, se han reunido representantes de en torno a un centenar de empresas y entes que forman parte del sector público estatal.


Nuevo paradigma de relaciones laborales


En la reunión se ha abordado el nuevo paradigma que se está construyendo en el sector público español, que tiene el objetivo de profundizar en la calidad en el empleo y en su estabilidad, fruto de dos normas que recientemente han entrado en vigor. Por un lado, la Ley20/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reducción de latemporalidad en el empleo público, cuyo objetivo es situar la tasa de eventualidad por debajo del 8%; y, por otro, el Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado, que es de aplicación en toda la economía y también en todas las Administraciones y entidades públicas.

La combinación de estas dos medidas da lugar a un nuevo marco normativo que tiene como finalidad la reducción de la temporalidad y la precariedad y la construcción de un nuevo modelo de relaciones laborales más justo y eficaz. Ello, como ha resaltado María Jesús Montero, es muestra del firme compromiso del Gobierno de impulsar en España el empleo estable y de calidad que permita a las personas planificar su vida y su emancipación.

Para el caso específico del sector público, la ministra ha afirmado que la mejora de las condiciones laborales y personales de los empleados también hace posible cumplir dos objetivos indirectos del Gobierno: reforzar el funcionamiento de los servicios públicos e incrementar la productividad y el dinamismo de la economía. Montero ha destacado además el papel esencial del diálogo social y del entendimiento en este camino hacia la transformación de las relaciones laborales que las Administraciones Públicas y las entidades estatales ponen en práctica desde la ejemplaridad que han de ejercer.


Hitos y objetivos del Plan de Recuperación

Con la aprobación de las normas para el mercado laboral en su conjunto y para el del sector público en concreto, además, se cumplen los compromisos adquiridos con la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). En particular, los contenidos en el componente 23 (Nuevas políticas públicas para un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo) y en el componente 11 (Modernización de las Administraciones Públicas).

En concreto, la aprobación de la Ley 20/2021 supone el cumplimiento del hito 144 del PRTR. El hito 150, relacionado con el anterior, por su parte, contempla la estabilización de al menos 300.000 puestos de trabajo con fecha límite de 31 de diciembre de 2024, objetivo que contempla la norma y en el que se irá avanzando a través de los diferentes procesos de estabilización.

Esta última norma establece que antes del 1 de junio de este año deben haberse publicado las ofertas de estabilización y que antes del 31 de diciembre tienen que haberse publicado las convocatorias de los procesos selectivos.



Unas pautas comunes


Dado que se trata de un calendario que afecta a todas las sociedades mercantiles públicas, las entidades públicas empresariales, las fundaciones del sector público y los consorcios del sector público, la ministra María Jesús Montero ha instado a sus gestores a que rellenen unas fichas con la información necesaria para planificar la autorización de ofertas de empleo público (OEP) o de las tasas de reposición centradas en tres bloques:
  • Un primero, relativo a la aprobación de la tasa de estabilización derivada de la ley 20/2021.
  • Un segundo bloque, derivado de la tasa ordinaria de reposición contemplada en los Presupuestos Generales del Estado para 2022. 
  • Y el tercero, derivado de la Disposición Adicional cuarta de la reformalaboral.
 
El departamento que dirige Montero ha facilitado a todo el entramado público unas pautas comunes para el cambio de paradigma en las relaciones laborales en el ámbito de lo público. Se trata de que, con vistas a los próximos pasos que hay que dar para cumplir las leyes, se cuente con una radiografía exacta de la situación de cada ente.

La ministra también ha anunciado que se transmitirá a todas las entidades públicas una Resolución con instrucciones sobre el procedimiento a aplicar para abordar la negociación colectiva de una forma coherente en todo el sector estatal.



El sector público como motor

La ministra de Hacienda y Función Pública asimismo ha insistido durante la reunión en el papel del sector público, no solo como ejemplo, sino también en su misión de liderazgo en la recuperación económica y social, que cuenta con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia como aliado con sus cuatro pilares: la transición ecológica, la transformación digital, la cohesión territorial y la igualdad de género. De acuerdo con la ministra, en estos cuatro ejes el sector público tiene que actuar como palanca de transformación, tanto en el ámbito interno, impulsando los avances e incorporándolos en primera persona, como a nivel externo, actuando como tractor de la iniciativa privada.

La ministra ha insistido en que las políticas de igualdad de género tienen que ser una seña de identidad del sector público institucional. Ha destacado que se ha producido una evolución positiva en la presencia de mujeres en los consejos de administración y en la alta dirección de las empresas públicas estatales, pero también ha puesto de manifiesto que existe aún un amplio margen de mejora.'

Fuente: Nota de Prensa del Ministerio de Hacienda y Función Pública de 23/02/2022 

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