'La Comisión Europea se remite a una serie de denuncias que ha recibido en relación con la posible utilización abusiva de contratos sucesivos de duración determinada en el sector público italiano.
Los empleados afectados son:
- personal empleado en fundaciones líricas y sinfónicas italianas;
- personal docente y personal auxiliar administrativo y técnico («personal ATA») con contratos de duración determinada para cubrir vacantes temporales;
- personal sanitario del Servicio Nacional de Salud, incluidos los directivos, con contratos de duración determinada;
- trabajadores con contratos de duración determinada en el ámbito de la enseñanza superior de artes, música y danza (AFAM), que dependen del Ministerio dell'Istruzione Università e Ricerca (MIUR, Ministerio de Educación, Universidades e Investigación);
- contratos de duración determinada celebrados de conformidad con la Ley n.o 240 de 30 de diciembre de 2010, que contiene normas relativas a la organización de las universidades, el personal académico y su contratación;
- relaciones laborales entre empleadores y trabajadores con contrato de duración determinada en el sector agrícola, tal como se definen en el artículo 12, apartado 2, del Decreto Legislativo n.o 375, de 11 de agosto de 1993;
- llamamientos al personal voluntario del cuerpo nacional de bomberos.
El 3 de diciembre de 2020 la Comisión envió
a Italia una nueva carta de emplazamiento, ya que las explicaciones que
este país facilitó en sus respuestas a la carta de requerimiento
inicial de julio de 2019 no eran satisfactorias.
Italia ha respondido a la carta de emplazamiento adicional, pero algunas cuestiones seguían sin estar claras, de modo que, en verano de 2021, se celebró una reunión de seguimiento con las autoridades italianas. Después de dicha reunión, las autoridades italianas presentaron otra respuesta a la carta de emplazamiento complementaria en otoño de 2021.
El análisis de dicha respuesta está en curso.
La Comisión puede emitir un dictamen motivado si todas o algunas de las reclamaciones siguen sin resolverse.'
Resaltados en negrita cursiva y enlaces en el texto nuestros
NOTA DEL EDITOR: En el caso de Italia, se da una situación similar a la española de exigencia de un proceso selectivo para acceder a un puesto fijo en la Administración Pública, en el caso italiano, exigencia regulada con el máximo rango por el artículo 97 de su constitución (en España, la constitución rebaja el nivel de exigencia a los principios genéricos de igualdad, mérito, capacidad y publicidad que en la jurisprudencia se han interpretado como exigentes de un proceso selectivo de libre concurrencia, sólo en casos muy excepcionales puede ser restringido).
Pero, a diferencia por ahora de España ante la Sentencia
esperanzadora del Tribunal Europeo de los asuntos acumulados "Sánchez
Ruiz/Fernández Álvarez y otros" de 19/03/2020, Italia aprobó el 06/09/2001 el Decreto Legislativo nº
368 de transposición de la Directiva Europea 1999/70/CE del Acuerdo
Marco sobre el trabajo de duración determinada -es decir sobre el empleo
temporal--, pero dejando sin protección adecuada suficiente para las
exigencias de dicha Directiva al empleado de su sector público, tal y
como determinó la famosa sentencia del Tribunal europeo en el Asunto Mascolo de 2014,
precisamente en un caso muy similar a la de los funcionarios docentes
interinos por curso que son cesados cada verano para ser reincorporado
una y otra vez en diferentes plazas cada año, tratándose todas de
puestos realmente permanentes y por tanto esta práctica de un enorme
fraude de la directiva europea (de la que, lamentablemente, no son
conscientes buena parte de los docentes "abusados" españoles).
Previamente en 2006, en el asunto Marrosu y Sardino,
el Tribunal Europeo ya había respondido que la prohibición de convertir
en fijos como sanción al abuso que operaba en el ordenamiento italiano
no se oponía a la Directiva Europea siempre y cuando hubiera en dicho
ordenamiento hubiera "otra media para evitar y , en su caso, sancionar
"el uso abusivo de la temporalidad en un empleado del sector público",
ante lo que algunos jueces reaccionaron incrementando las pequeñas
indemnizaciones a tanto alzado contempladas hasta entonces con unas
pequeñas indemnizaciones compensatorias, algo que tras la sentencia
Mascolo el propio Tribunal Supremo italiano en su sentencia de
15/03/2016 mostró que seguía siendo insuficiente.
Así, el propio Gobierno italiano promulgó pocos meses después de la sentencia Mascolo un cambio legislativo ( el Decreto
Legislativo 81/2015 de transposición a su sector público de la Directiva Europea 1999/70/CE sobre empleo temporal
) por el que modificaba, quizás para evitar sentencias futuras de
conversión a fijo, aquel previo nº 368 de 06/09/2001, y junto con la
interpretación de su aplicación de su Tribunal Supremo , quedó
establecido un sistema triple de medidas disuasorias y sanción de tipo
indemnización al abusado y sanción al empleador en caso de (futuro)
abuso en el sector público:
- las "bajas" indemnizaciones ante el cese a tanto alzado recogidas en una ley general previa (en principio , la de 2010 parece ser de hasta 6 mensualidades si la antigüedad no supera los 10 años, pudiéndose elevar a 10 meses si supera los 10 años y 14 meses si supera los 20 años)
- una indemnización particular en cada caso en concepto de "reparación del perjuicio vinculado a la pérdida de oportunidades" (de no haber podido tener la oportunidad de ser fijo antes ante el incumplimiento de la AAPP en su obligación de los procesos selectivos)
- la pérdida de productividad del responsable de la AAPP en el caso de que un puesto temporal bajo su responsabilidad no haya quedado cubierto en el plazo de 36 meses, el límite máximo marcado a la temporalidad que la modificación introdujo también en el sector público
además
de establecer un procedimiento de contratación especial o
"titularización" para el personal docente que permite la
"estabilización" de dicho contrato razón por la cual, parece ser dejaba
fuera de las medidas indemnizatorias a este sector específico, y por la
que de hecho la Comisión Europea abrió un procedimiento de infracción a Italia
por esas exclusiones elas medidaas disuasorias el sector educativo (al
que en todo caso se le dotaba de ese procedimiento especial de
estabilización)
De hecho, en el también famoso Asunto Santoro, el Tribunal de Trapani, entendió que no eran suficientemente compensatorias y disuasorias incluso las indemnizaciones del sector público general, especialmente por la dificultad de obtener indemnizaciones prácticas del tipo 2., y preguntó al Tribunal Europeo si así sucedía y en ese caso si procedía la conversión a fijo ante la ausencia de medidas disuasorias, a lo que el Tribunal Europeo repitió en su famosa sentencia de 7/03/2018 lo ya dicho en su sentencia del asunto Marrosu y Sardino, precisando que sí podían ser suficientes las medidas italianas en el sector público, no por sí sola las medidas 1. -por no ser específicamente contra el abuso- y 2 -por la dificultad de su ejercicio-, pero sí en conjunción de la medida de pérdida de la productividad del Directivo Público, medida que consideraba especialmente disuasoria.
De hecho, en el también famoso Asunto Santoro, el Tribunal de Trapani, entendió que no eran suficientemente compensatorias y disuasorias incluso las indemnizaciones del sector público general, especialmente por la dificultad de obtener indemnizaciones prácticas del tipo 2., y preguntó al Tribunal Europeo si así sucedía y en ese caso si procedía la conversión a fijo ante la ausencia de medidas disuasorias, a lo que el Tribunal Europeo repitió en su famosa sentencia de 7/03/2018 lo ya dicho en su sentencia del asunto Marrosu y Sardino, precisando que sí podían ser suficientes las medidas italianas en el sector público, no por sí sola las medidas 1. -por no ser específicamente contra el abuso- y 2 -por la dificultad de su ejercicio-, pero sí en conjunción de la medida de pérdida de la productividad del Directivo Público, medida que consideraba especialmente disuasoria.
La
reacción legislativa italiana no incluyó la conversión a fijo como
medida de sanción regulada en su modificación legislativa, pero,
seguramente ante las bolsas de abuso ya existente, al menos en el caso
de los docentes italianos, y previsiblemente para evitar un ramillete de
indemnizaciones, el gobierno italiano no se quedó ahí y aprobó una norma transitoria excepcional, el artículo, el 20 de su Decreto Legislativo nº
75/2017, titulado "Lucha contra la precariedad
laboral en la Administración Pública" que
habilitada a las AAPP regionales locales de forma excepcional la
posibilidad de "celebrar contratos indefinidos" mediante procedimientos
(administrativos) que necesariamente deberían ser restringidos en su
participación a personas que cumplieran estas condiciones impuestas
desde la norma estatal:
- ser temporal del sector público cuando la entrada en vigor la Ley mencionada de 2015,
- haber sido contratado en el puesto temporal tras superar un proceso con una prueba
- tener a 31/12/2017 más de 3 años de antigüedad , incluso no continuados, dentro de los 8 años anteriores entre otras cosas el personal (esto es para restringir el acceso al proceso de la AAPP, que es de esperar luego asignara méritos por antigüedades a la hora de conceder los contratos fijos)
La
norma legal de 2017 era habilitante y desconocemos hasta qué punto la
implementaron las diversas AAPP. Aparte estaba ya regulado en el ámbito
docente la posibilidad de procesos de "titularización" que decíamos, que
previsiblemente también se emprendieron.
Así, sin ir más lejos, en Junio de este año 2020 el Consejo de Estado italiano planteaba una nueva cuestión
ante el
Tribunal de Justicia de la Unión Europea porque esa normativa, en la
interpretación que hizo el Ministerio italiano competente de las Universidades,
había dejado fuera a los investigadores temporales de larga duración,
como informamos aquí.
Previamente y después en paralelo la Comisión Europea abrió procedimiento de denuncia
sobre la conformidad de la legislación italiana
ante el abuso de duracióa
CHAP(2013)2870, cuya investigación está en relación con este
procedimiento de infracción ya en paso formal abierto desde julio de
2019 con la primera carta de emplazamiento.
Por otro lado, en cuanto a España,. la
Comisión Europea mantiene abierta una denuncia múltiple abierta
sobre el abuso de duración de temporalidad en empleados públicos
españoles CHAP(2013)01917 de la que sobre su curso hinformó en Octubre de 2020 que había visto la sentencia europea de 19/03/2020 del asunto
"Sánchez Ruiz y otros" con su declaración de existencia de abuso,
y que evaluarñia que la futura reforma del Estatuto del empleado Público
anunciada por la ministra de Función Pública es conforme a la Directiva y
sentencias europeas así como que mantenía abierto por esa razón (en estado de "Carta de Emplazamiento" enviada) un procedimiento de infracción, el
2014/4334, en cuanto al incumplimiento de la cláusula sobre el abuso de temporalidad de la directiva 1999/70/CE . También está el Procedimiento
de infracción previo o informal EU‐Pilot 8422/16/EMPL sobre el
incumplimiento de la Directiva 1999/70/CE en los funcionarios de
justicia españoles y el procedimiento de infracicón 2014/4224 sobre incumplimientos en relación inicialmente con la cláusula 4ª den o discriminación con el fio de la misma directiva.
Más recientemente (con fecha 5/08/2021 ) la Comisión Europea volvió a dar información oficial del curso de la denuncia múltiple que está evaluando si la reforma introducida con el nuevo Real Decreto-ley de 2021 de reducción de la temporalidad publicado el 7 de Julio es conforme a la normativa europea,q ue sabía sque se modificaría con un proyecto de ley y que evaluaría si tras la aprobación de esta Ley , la normativa cumple ya con la normativa y sentencia europea.
Los pasos de un procedimiento de infracción de la Unión Europea, que pueden conducir a importantes sanciones millonarias, son:
0. (Procedimiento de infracción informal) Diálogo estructurado o "EU Pilot", para dar oportunidad de solución rápida y evitar el procedimiento formal de infracción
1. "Carta de emplazamiento" al Gobierno del Estado, que supone la apertura del procedimiento formal de infracción. En dos meses debe haber observaciones
2. "Dictamen motivado"
, si no hay respuesta o no es satifactoria. Plazo de dos meses para que
el Estado se ajuste al cumplimiento del Derecho de la UE señalado.
Puede haber complementarias
3. "Recurso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea",
si no hay respuesta o no es satisfactoria, habitualmente con petición
de la Comisión al Tribunal que imponga el pago de una suma a tanto
alzado o de una multa coercitiva.
4. Sentencia de Recurso del Tribunal de Justicia de la Unión Europea
(después de una medida de 2 años) sobre si el Estado ha infringido el
Derecho la UE y la imposición de multa y la obligación de adaptar la
legislación lo antes posible
5. El asunto vuelve a remitirse al
Tribunal de Justicia de la UE, tantas veces como el incumplimiento
estime la Comisión con nuevas propuestas de multas
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1 comentario:
El camino es el mismo, nosotros vamos detrás.
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