Respuesta del Gobierno del Estado a pregunta del senador de Compromís sobre si España cumple con la Directiva 1999/70/CE sobre empleo temporal: "el ordenamiento jurídico español se adapta adecuadamente a la Directiva" , los pronunciamientos del Tribunal Europeo "son favorables" o "remiten a los órganos jurisdiccionales nacionales".

 El Senador de Compromís, Carles Mulet ,registró el pasado 11/02/2021, además de la pregunta sobre el veto a su Proposición de ley  cuya respuesta del Gobierno que hemos cubierto en la anterior entrada, otra pregunta de respuesta escrita (la nº 684/33496 ) en la que el Senador volvía a preguntar sobre el cumplimiento de España de la Directiva europea sobre empleo temporal.

 

Esta pregunta del Senador de respuesta escrita en concreto rezaba:

• "¿Tiene el Gobierno intención de cumplir la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada?"
• "¿cómo llevan la idea de aplicarla?"
• "¿Está obligada España a cumplir con las Directivas? ¿Para cuándo esta?"
  

Y la respuesta recibida del Gobierno , fechada hoy el 26/03/2021 es, literalmente (las negritas cursivas son nuestras):

 "En respuesta a la iniciativa parlamentaria de referencia, se informa que a lo largo de los últimos 20 años, se ha producido una constante controversia judicial, con un dilatado historial de sentencias jurídicas cuyo trasfondo afecta fundamentalmente a los empleados públicos interinos y eventuales, a sus derechos y al abuso de la contratación laboral de duración determinada. 

 

Una vez aprobadas por el Consejo y el Parlamento Europeo, las Directivas tienen que ser incorporadas a la legislación nacional por los Estados miembros de la UE. Cada Directiva señala un plazo para que los Estados miembros incorporen sus disposiciones a la legislación nacional e informen de ello a la Comisión. En el caso de la Directiva citada era de dos años el plazo de trasposición.

La Comisión asiste a los Estados miembros en la correcta aplicación de la normativa europea. Para ello, les proporciona información online, planes de aplicación y documentos de orientación y organiza reuniones de grupos de expertos.

Por otro lado, cabe indicar que el ordenamiento jurídico español se adapta adecuadamente a la Directiva 1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de  duración determinada, si bien han sido varias las cuestiones prejudiciales presentadas por los órganos jurisdiccionales españoles al Tribunal de Justicia de la Unión. La mayor parte de ellas estaban relacionadas con aspectos relativos al empleo público temporal (por ejemplo, la sentencia de 22 de enero de 2020, Baldonedo Martín, C-177/18 y sentencia de 19 de marzo de 2020, Sánchez Ruiz y otros, asuntos acumulados C-103/18 y C-429/18). En la mayoría de los casos, los pronunciamientos han sido favorables a la trasposición de la Directiva a la normativa española, remitiendo en otros casos a los órganos jurisdiccionales nacionales la labor de apreciar si ciertas medidas adoptadas por el Reino de España se ajustan o no a la interpretación que hace el Tribunal de Justicia de la Directiva.

 

 

 

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