[ADDITAE] Carta a la Presidenta de la Comisión Europea y al Vicepresidente de la Comisión Europea encargado de los fondos de recuperación ante la pandemia: España pretende satisfacer de una forma "perversa" y contraria al Derecho de la UE la exigencia de la UE para recibirlos fondos de reducir la temporalidad en el sector público ": los procesos de estabilización son procesos selectivos con los puestos del propio personal en abuso de futuro incierto para el abusado, que cesa sin indemnización, y han sido declarados que no son medida válida de reparación al abuso por el Tribunal Europeo en la sentencia de 19/03/2020 del asunto "Sánchez Ruiz". Se pide que "se aseguren que de forma efectiva, el Gobierno de España efectúa medidas correctoras que sean conformes al Derecho de la Unión"

'Tenemos el placer de dirigirnos a ustedes con motivo de las próximas actuaciones del Plan Next Generation EU y la financiación que se otorgará al Reino de España, tanto en forma de transferencias como de préstamos. Sin duda España necesita esa financiación. Pero no es menos cierto que, nuestros socios europeos esperan de nuestro país medidas transformadoras y un exquisito respeto a las normas de juego, particularmente a las normas jurídicas, el Derecho de la Unión, que permitirá conseguir una Europa Social, avanzada, y cohesionada en su papel de líder mundial.'

[..] ' España todavía no ha transpuesto al Sector Público el Acuerdo Marco consecuencia de la Directiva 1999/70/CE.

Esa falta de transposición ha generado una situación de temporalidad en el empleo del sector público insoportable.

En el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia presentado por el Gobierno de España como soporte a las ayudas que, enmarcadas en el Plan Next Generation EU, España aspira a recibir, y dentro del apartado 4 de las políticas palanca planteadas, denominado “Una Administración para el siglo XXI”, que tiene asignada un 5% de los fondos que se hagan disponibles, se aboga por un “ Plan de modernización de las Administraciones Públicas, con el fin de mejorar la eficiencia de los recursos humanos reduciendo los altos niveles de temporalidad y precariedad y flexibilizando la gestión de los recursos humanos a las administraciones...”.

No se dejen engañar. Hay una forma legal, acorde con el Derecho de la Unión, de reducir la temporalidad abusiva en el Sector Público, y no es otra que la conversión en indefinido de la relación laboral en igualdad con el fijo comparable, según la abundante jurisprudencia del TJUE y resolución del Parlamento Europeo de 31 de mayo de 2018.

Pero España es reacia a acatar el Derecho de la Unión y por eso, se proponen realizar Ofertas Públicas de Empleo y procesos selectivos que van a resultar en el cese de cientos de miles de trabajadores temporales, que llevan realizando su trabajo durante 5, 15, 25, 35, e incluso más años, para que esos puestos de trabajo sean ocupados por nuevos trabajadores. Esta, es una forma perversa de reducir la temporalidad y totalmente contraria al Derecho de la Unión.

El TJUE, en su Sentencia de 19 de marzo de 2020, (Asuntos C-103/2018 y C-429/2018) responde la consulta sobre si es una sanción suficiente, efectiva y disuasoria la organización de procesos selectivos como los que pretende llevar a cabo el Reino de España para reducir la temporalidad. La diáfana respuesta del TJUE:

“101 Por consiguiente, dado que la organización de estos procesos es independiente de cualquier consideración relativa al carácter abusivo de la utilización de relaciones de servicio de duración determinada, no resulta adecuada para sancionar debidamente la utilización abusiva de tales relaciones de servicio ni para eliminar las consecuencias de la infracción del Derecho de la Unión. Por tanto, no parece que permita alcanzar la finalidad perseguida por la cláusula 5 del Acuerdo Marco (véase, por analogía, la sentencia de 21 de noviembre de 2018, De Diego Porras, C- 619/17, EU: C: 2018:936, apartados 94 y 95).”

De un modo contumaz, persistente y reiterativo, España sigue incumpliendo el Derecho de la Unión. Por esta razón, queremos pedirles que, antes de proceder al anticipo o abono parcial de las transferencias que deban realizarse dentro del marco del Plan Next Generation EU en las próximas semanas, se aseguren que de forma efectiva, el Gobierno de España efectúa medidas correctoras que sean conformes al Derecho de la Unión y no diametralmente contrarias, tal como se propone hacer.

Lo contrario implicaría que, mientras nuestros socios nacionales de otros estados miembros respetuosos con los fines y con el Derecho de la Unión se sacrifican económicamente para ayudar al Reino de España, éste no cumple con su parte de aceptar y acatar, de una vez por todas, sus normas jurídicas, defraudando así, las legítimas expectativas del resto de estados miembros. Además, se produce el efecto perjudicial añadido de desigualdad laboral para los trabajadores del sector público entre otros estados miembros y España, quebrando el principio comunitario de igualdad y libertad de movimiento de los trabajadores europeos de otras nacionalidades, que encuentran en España peores condiciones a las que disfrutan en los demás estados miembros de la Unión. Casi un millón de trabajadores temporales del Sector Público español estamos en vilo ante esta situación y confiamos que la Comision actúe coercitivamente para obligar al Reino de España a solventar los incumplimientos que perduran por 31 años. La Comisión no puede seguir mirando hacia otro lado. En sus manos tienen la solución.

Aprovechamos la ocasión para desearles los mejores éxitos profesionales, que serán los de todo el continente.'

 

Fuente y texto completo: Carta abierta de 24/03/2021 de ADDITAE a la Presidenta de la Comisión EuropeaVon der Leyen y al Vicepresidente Ejecutivo de "Economía para la gente" de la Comisión Europea Valdis Dombrovskis, recibida en APISCAM y publicada por ADDITAE en Twitter

 

NOTA DEL EDITOR: ADDITAE es una asociación "cuyo nombre responde al acrónimo formado por las siglas de su nombre en inglés, Against Democracy Damage International Technical Association in Europe (Asociación técnica internacional contra el daño a la democracia en Europa), sus  "fines asociativos son la investigación, defensa y consecución plena y universal de los derechos sociales" y como primer objetivo "se ha propuesto colaborar en la erradicación de la contratación temporal en el ámbito laboral, tanto en el sector público como en el privado, debido a los efectos perniciosos y a la precariedad que su abuso causa en la sociedad española"

 

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