Respuesta del Gobierno del Estado a pregunta del senador de Compromís tras el veto del Gobierno a su Proposición de Ley para regularizar al empleado temporal público más de 3 años por la opción del concurso de méritos según el artículo 61 del EBEP con méritos sólo la antigüedad en puesto: es "incompatible" con las "normas constitucionales", el Ministerio de Función Pública "trabaja para poder dar una respuesta dentro de los límites de la Constitución" y "se estudian distintas opciones para disminuir la temporalidad actualmente existente".

 El Senador de Compromís, Carles Mulet , registró el pasado 11/02/2021(por su Grupo del Senado de e Izquierda Confederal), una  preguntas de contestación escrita y una solicitud de informe tras haber visto cómo su iniciativa de Proposición de Ley de  conversión de las relaciones temporales abusivas en relaciones fijas, para el "personal que se encuentren  en plazas  desempeñadas interina o temporalmente durante tres o más años" en cumplimiento de la Directiva 1999/70/CE  fue  vetada por  el Gobierno del Estado, con la excusa de que la realización del Concurso al menos en la Administración General del Estado, supondría un incremento de gasto sobre lo ya presupuestado de, "al menos, 1,8 millones de euros", siempre, según el Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

En esa proposición no de ley , la primera de las dos presentadas y ambas vetadas, el Senador planteaba como opción para esa regularización:

• una consolidación extraordinaria por concurso de méritos por el ariculo 61 del eBEP [por tanto, de libre concurrencia] con la antigüedad en el puesto como méritos según el artículo 61 del Estatuto Básico de Empleado Público"

a la que el Senado añadió como texto alternativo  posterior el mismo con la opción adicional de:

• la declaración de "personal  a extinguir”, tal y como se hace con el personal fijo de las empresas que absorbe la AGE por el artículo 87 de la actual Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos  Generales del Estado para el año 2021, propuesta que coincidía con la avalada por un  informe firmado  por la expresidenta del Tribunal Constitucional, María Emilia Casas

(luego en la segunda de las proposiciones de ley vetadas añadiría dos opcione más)

El veto del gobierno de la pregunta ahora contestada había sido presentado teniendo en cuenta el texto original ,es decir, sólo un concurso de méritos por artículo 61 del EBEP , por tanto por su artículo 61.1 de libre concurrencia, con los méritos por la antigüedad en el puesto (para que fuera una regularización del personal en abuso)

 

En la pregunta del Senador de respuesta escrita (nº 684/33495 ) en concreto rezaba:

1. "¿Cómo ha calculado el Gobierno el coste en créditos presupuestarios de al menos 1.800.000 euros , en base a qué informe o estudios ha calculado esa cantidad , a nuestro parecer completamente arbitrario e irreal?"
2. "¿1,8 millones de euros de supuesto gasto presupuestario es inasumible en unos PGE cuando estamos hablando de solucionar la situación de miles y miles de trabajadores y trabajadoras del sector público?"
3. "¿No tienen rubor por este tipo de comportamientos que coartan la función legislativa del Senado?"

 

 Y la respuesta recibida del Gobierno , fechada el 26/03/2021 es, literalmente (las negritas cursivas son nuestras):

'En relación con la pregunta de referencia, cabe señalar que la misma debe ponerse en relación con la Proposición de Ley 622/51 presentada por el Grupo Parlamentario Izquierda Confederal (GIC) el 9 de diciembre de 2020, que pretendía ofrecer una solución normativa en materia de interinos.

En primer lugar, debe advertirse que el problema de la temporalidad en España es un problema complejo, que afecta a diversas Administraciones Públicas y a miles de personas y que, por ello, requiere de una solución más comprehensiva que la propuesta del GIC, que se alcance por consenso y sin renunciar al diálogo social.

En segundo lugar, y entre otras consideraciones de fondo que cabría realizar, se informa que la propuesta del GIC colisionaría con el artículo 23.2 de la Constitución, en el que se establece que todos los ciudadanos “tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes ”. El artículo 61.6 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico de Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (EBEP), contempla la posibilidad de realizar un proceso selectivo que consista únicamente en la valoración de méritos, pero obviamente respetando siempre el principio de libre concurrencia y publicidad. A este respecto existe abundante y consolidada jurisprudencia constitucional sobre el acceso a la función pública mediante pruebas restringidas y su incompatibilidad con las normas constitucionales.

Por lo tanto, se informa que la solución normativa ofrecida por el GIC en ningún caso podría haber contribuido, dentro de los límites del ordenamiento jurídico español, a “solucionar la situación de miles y miles de trabajadores y trabajadoras del sector público”, que es lo que asume la pregunta; y ello, con independencia de que, efectivamente, la medida tendría un impacto presupuestario que, en atención al coste de los procesos de estabilización pasados y tomando en cuenta el número de empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) a los que afectaría la Proposición de Ley, se cifró en aproximadamente en 1,8 millones de euros.

Al margen de los problemas jurídicos que planteaba la Proposición de Ley, es el potencial impacto en los Presupuestos Generales del Estado lo que llevó al Gobierno a no prestar su conformidad a la iniciativa, sin perder de vista que la medida impactaría, sobre todo, en los presupuestos de las Administraciones Públicas donde el colectivo de personas en régimen de interinidad alcanza un porcentaje muy superior al de la AGE, esto es, a Comunidades Autónomas y a Entes Locales.

El Gobierno y, en particular, el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, es plenamente consciente de la necesidad de afrontar cuanto antes el problema de la temporalidad. El Departamento trabaja desde hace meses y ha emprendido distintas acciones -la más reciente de ellas, por ejemplo, una reunión con los sindicatos el pasado 11 de marzo en la que se trató dicha cuestión- para poder dar una respuesta a este problema, siempre con respeto a los límites de la Constitución Española. Así, cabe añadir que se trabaja en una reforma lo más consensuada posible del EBEP que permita evitar el abuso y el mal uso de la temporalidad en el futuro, al tiempo que se estudian distintas opciones para disminuir la temporalidad actualmente existente, pero con respeto a la Ley y con la búsqueda del respaldo de los sindicatos y las Administraciones afectadas.'

 

La solicitud de informe nº 689/3770  del Senador sigue pendiente de contestación así como, naturalmente, su nueva pregunta al Gobierno registrada ayer, tras el anuncio del Ministro de Función Pública de que España debe reducir la temporalidad en las AAPP para poder recibir los fondos de recuperación de la Unión Europea y que lo hará "ampliando los procesos de estabilización" existentes.

 

Además registró el mismo 11/02/2021 la pregunta de respuesta escrita nº 684/33496  en la que el Senador vuelve a preguntar sobre el cumplimiento de España de la Directiva, de la que el Gobierno también ha dado hoy respuesta que cubrimos en otra entrada.

 

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