El Gobierno del Estado vuelve a presentar el "veto" por "razones" presupuestarias a la tramitación de la nueva Proposición de Ley que había presentado Compromís en el Senado para la consolidación extraordinaria por varias opciones con vistas a su fijeza administrativa, del personal público en abuso de temporalidad para cumplir con la normativa y sentencias europeas. La excusa vuelve a ser que una de las opciones planteadas, el concurso de méritos de antigüedad en el puesto, supondría en su realización un incremento de gasto presupuestado de al menos 2 millones de euros. En la propuesta se razonaba que supondría de hecho una reducción de gasto con respecto a las OPEs convencionales masivas -con fase de oposición- decididas con los puestos o "procesos de estabilización". El Ministerio de Función Pública asegura que "está trabajando activamente para poder dar una respuesta legislativa dentro de nuestro marco presupuestario, legal y constitucional"

El Gobierno del Estado- tal y como  como ya hizo con la Proposición de Ley en el Congreso del Grupo Plural de un turno especial de acceso y con la primera proposición de ley presentada por Compromís- ha vuelto a comunicar su no conformidad a la tramitación -haciendo uso del "veto presupuestario"- de la Proposición de Ley "de medidas para garantizar en el ámbito del empleo público, el cumplimiento de la Directiva 1999/70/CE del Consejo de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de duración determinada" (nº iniciativa 622/57), según el texto  registrado el 15/02/2021 por el Senador de Compromís, Carles Mulet,. El Gobierno disponía de un plazo de 10 días desde la comunicación del Senado del nuevo texto (o, en su defecto publicación oficial en el Boletín de las Cortes)

 

Según el documento con el comunicado del Gobierno al Senado, fechado el 09/03/2021 pero publicado ayer 16/03/2021, el Gobierno repite su anterior veto, y así: en primer lugar informa de su criterio negativo con respecto a  la toma en consideración de la Proposición de Ley al entender [erróneamente, entendemos nosotros] que  en este proceso excepcional "únicamente participaría el personal que se encuentre ocupando los puestos objeto de la convocatoria", lo que "podría chocar con el artículo 23.2 de la Constitución, en el que se establece que todos los ciudadanos “tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes" y, si bien reconoce que el artículo artículo 61.6 contempla la posibilidad de realizar un proceso selectivo que consista únicamente en la valoración de méritos", pero sólo "obviamente respetando siempre el principio de libre concurrencia y publicidad". La opinión del Gobierno con respecto a la "toma de consideración" -que pase a trámite de enmiendas y votaciones- de una Proposición no de Ley no es vinculante para la decisión de la toma de consideración, que la toma el Parlamento.

Y , más allá de esas consideraciones del tipo irrelevantes para poder plantear un veto "presupuestario", en segundo lugar, haciendo uso de la prerrogativa de artículo 134.6 que le da la Constitución, el Gobierno presenta su  "no conformidad" (necesariamente presupuestaria para que pueda llegar a ser vinculante o de veto) a la tramitación de la Proposición de Ley, dado que, "de acuerdo a las estimaciones realizadas por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública se considera que la aprobación de la proposición de ley de referencia es susceptible de producir en los Presupuestos Generales del Estado en vigor un aumento de al menos, 1.800.000 euros", no sin antes introducir la siguiente coletilla: "El Ministerio de Política Territorial y Función Pública es plenamente consciente de la importancia de la problemática que pretende abordar la Proposición de Ley y, por ello, está trabajando activamente para poder dar una respuesta legislativa en el menor tiempo posible. Ello se hará buscando siempre el consenso y dentro de nuestro marco presupuestario, legal y constitucional."

 

El artículo 134.6 de la Constitución estipula que “toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación” y es un mecanismo de "veto" del Gobierno habitualmente utilizado parar impedir la discusión de proposiciones o enmiendas, aún cuando se cuente con la mayoría parlamentaria para rechazarlas.

Recordemos que el anterior veto presupuestario a la anterior iniciativa de proposición de ley  de Compromís fue aprobado por la Mesa del Senado, con lo que es de esperar que este nuevo veto sea aceptado igualmente (la Mesa del Senadoactualmente formada por 7 miembros, 3 del PSOE, 3 del PP, 1 del Grupo Parlamentario Vasco EAJ-PNV ) viniendo a significar el fin de la Proposición de Ley sin que se llegue a hablar públicamente de ella ni el Senado ni el Congreso.

 

Nótese que en la propuesta de Compromís, para tratar de evitar un nuevo veto presupuestario por parte del Gobierno, se razonaba que "económicamente, la presente propuesta supone una reducción del gasto neto" , dado que la cuantía de 1 millón 800 mil euros estimada por el Gobierno en su anterior veto para la ejecución de la medida más cara, el concurso de méritos, sería "notablemente inferior a los gastos derivados de los procesos de selección ordinarios que requieren la presencia física de los candidatos, de los que se derivan gastos relativos a la realización de los mismos: alquiler de aulas, organización y seguridad, retribuciones de los miembros de los órganos selectivos, etc.; cantidades a las que debería añadirse el pago de indemnizaciones al personal temporal declarado en fraude de ley por abuso de temporalidad, en tanto que la jurisprudencia del TJUE ha descartado que los procesos de selección ordinarios consistentes en un concurso-oposición u oposición libre puedan considerarse una sanción por infracción de la Directiva 99/70"

A este respecto, en el documento de disconformidad del Estado se detalla que , del 1.800.000 euros que al menos se incrementaría el gasto de los Presupuestos Generales del Estado: 

• "unos 800.000 euros afectarían a la Sección 22, Servicio/Organismo 101 (Instituto Nacional de Administración Pública), Programa 921O", es decir,  según su Presupuesto de Gastos para 2021 , el programa "Formación del personal de las Administraciones Públicas" [que incluye los procesos de selección]  en sus conceptos:
• "233", es decir "Otras indemnizaciones" [por razón del servicio, diferentes a las específicas indemnizaciones de Dietas y de Locomoción], que ya tiene presupuestado un gasto de 1.956.800 euros
  
•   y "226.07 (cuerpos generales)", es decir, "Oposiciones y pruebas selectivas", que ya tiene presupuestado un gasto de 1.558.000 euros, y del que la descripción del programa se refería que "acusará de manera sensible un aumento del gasto"... "habida cuenta de que en dicho ejercicio se llevarán a término varios procesos selectivos vinculados a las Ofertas de Empleo Público de 2019. Además de la convocatoria de plazas derivadas de los Reales Decretos de las Oferta de Empleo Público se prevé la convocatoria de varios procesos selectivos de estabilización de empleo temporal de los años 2018 y 2019"
  
•  y "el resto impactaría en las correspondientes partidas presupuestarias de los Departamentos ministeriales que convocan procesos selectivos para cuerpos especiales" [siempre de sólo la Administración General del Estado, por tanto]

Recordemos que aquel primer texto que Compromís  registró el 14/12/2020   (nº iniciativa 622/51), consistía, exclusivamente, en una consolidación extraordinaria por concurso puro de méritos según artículo 61 del EBEP,  por tanto, de libre concurrencia, de todos los puestos públicos temporales más de 3 años con valoración preferente en esaúnica fase de méritos  la antigüedad en los puestos convocados, además de la constitución de un "grupo de expertos y expertas con el cometido de diagnosticar las causas del incorrecto funcionamiento de los sistemas de selección del personal y propondrá posibles mejoras para evitar la formación de bolsas de temporalidad en el empleo público".

En la exposición  de motivos de esa primera versión, ya se razonaba que "la  existencia de un elevado número de personal que presta sus servicios con contratos y nombramientos temporales" es un "problema endémico de las AAPP españolas" y esta "situación no es adecuada ni para las entidades empleadoras ni para las personas que les prestan sus servicios con vinculaciones temporales" y "sobre todo, no se adecúa a las exigencias derivadas de la Directiva 1999/70/CE", hasta el punto que "a la vista de la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea" .."cabe alcanzar la conclusión de que nuestro ordenamiento jurídico no se ajusta a los requerimientos de la indicada Directiva".

Sobre la viabilidad de la primera solución propuesta en el texto original de la Proposición de Ley, se afirmaba que "existe un Dictamen elaborado por un equipo de Catedráticos de alto prestigio, adscritos al Departamento de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Valencia"

Días después registraría un texto alternativo que añadía una segunda solución más -alternativa-, "considerar directamente ese personal como “Personal a extinguir”, tal y como figura en el artículo 87 de la actual Ley 11/2020, de 30 de diciembre, de Presupuestos  Generales del Estado para el año 2021, para dar cumplimiento a la Directiva 2001/23 sobre el mantenimiento de los derechos de los/as trabajadores/as en caso de personal procedente de empresas públicas subrogado por las Administraciones Públicas; pero en este caso, para dar cumplimiento a la citada  Directiva Europea 1999/70/CE sobre el trabajo de duración determinada.", afirmándose que esta "figura de “personal a extinguir” cuenta con el dictamen favorable de órganos consultivos como el Consejo Jurídico Consultivo Valenciano que garantiza el cumplimiento de la legalidad vigente".

Esta primera iniciativa de Proposición de Ley, como hemos dicho, fue vetada por el Gobierno del Estado, con la excusa de que la realización de un Concurso de Méritos, al menos en la Administración General del Estado, supondría un incremento de gasto ya de casi2 millones de euros, pero el Senador insistió registrando una nueva iniciativa( la de nº de iniciativa 622/56 y fecha 12/02/2021), que días después fue retirada par ser sustituida por esta última iniciativa que el Gobierno "veta" ahora..

Así, por fin  el pasado 15/02/2021 Compromís registraba una nueva Proposición de Ley de igual título (nº de iniciativa 622/57) añadiendo al texto, además de la argumentación de porqué no suponía incremento de gasto presupuestado, una opción más de  conversión de las relaciones temporales abusivas en relaciones fijas, para el "personal que se enc6uentren  en plazas  desempeñadas interina o temporalmente durante tres o más años": "la inclusión en el EBEP de la figura de Empleado Público Fijo, con la misma estabilidad, derechos y deberes que sus homólogos fijos, y en el caso de las relaciones funcionariales, también inamovilidad, sin alcanzar la condición de Funcionario de Carrera; tomando como referencia la Sentencia nº 252/2020 del Juzgado nº 4 de lo Contencioso-Administrativo de Alicante, que crea esta figura jurídica para dar cumplimiento a la Directiva Europea 1999/70/CE sobre el trabajo de duración determinada".

En  el nuevo texto se incluía además en la exposición de motivos las novedades en la jurisprudencia europea, que "tiene primacía sobre el derecho interno" y que "ha reiterado recientemente (STJUE 11 de febrero 2021, C-760/18, Agios Nikolaos, ATJUE 30 de septiembre 2020, C‐ 135/20, Gondomar) que las autoridades nacionales de un Estado miembro están obligadas a transformar la relación temporal abusiva en una relación fija si en la Legislación de ese Estado miembro no existe ninguna medida sancionadora para garantizar el cumplimiento de los objetivos de la Directiva 1999/70/CE, sin que pueda aplicarse la disposiciones nacionales que prohíban esta conversión en el sector público, aunque estas disposiciones nacionales sean de naturaleza constitucional", según las propias palabras del texto propuesto por Compromís.

 

Recordemos por último que, precisamente , el 17/12/2020 el Congreso de los Diputados aprobó una Proposición No de Ley cuyo texto insta al Gobierno a modificar el EBEP para evitar el abuso de temporalidad en el empleo público,y buscar "respuestas legales" para la "estabilización de los empleados" consensuadas también con las AAPP y sindicatos,  a raíz de una propuesta -modificada- del grupo parlamentario del PNV. Sin duda, Compromís contribuye con esta alternativa de Proposición de Ley a una tal "respuesta legal" para la "estabilización de los empleados") y que se espera que este jueves 18 de Marzo comparece en el Congreso el Ministro de Función Pública para informar de las líneas generales de su política y sus prioridades y que, según adelantó el propio ministro la semana pasada, dará detalles del proyecto de reforma del Estatuto Básico del Empleado Público en relación al abuso de la temporalidad.

 

 

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